Justo en el centro de la Bogotá rápida y frenética está el Señor Antonio Martínez Vargas, líder social y vocero de la Fundación Campesinos Futuro y Prosperidad. Lleva siete semanas durmiendo sobre un andén del edificio de la Jurisdicción Especial para la Paz(JEP), ubicado en la Carrera 7 con Calle 64. Lo acompañan 16 familias, en su mayoría hombres, y dos mujeres que han dejado a sus hijos al cuidado de vecinos. En ese estrecho andén, cada parte del país parece estar representado por campesinos y campesinas que llegaron de Huila, Tolima, Caquetá, Cundinamarca, Tumaco, Cauca, Santa Marta, para reclamar sus tierras.
Sus voces y sus cuerpos se mezclan con el humo y el ruido de los carros, en un paisaje citadino que no parece pertenecer a ellos. Todos son víctimas de la guerrilla. Denuncian el olvido del gobierno; perdieron sus tierras, se las robó la guerrilla, los desplazaron y nunca se las han devuelto.
La protesta suma 15 meses. Comenzaron en la Embajada de Noruega, porque ese país fue el garante de las negociaciones de paz, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno. Pero de allí los sacaron con la policía y sin ninguna solución. Entonces fueron a parar a la JEP. “Una compañera murió (afuera) en la embajada de Noruega, ya que presentaba problemas de depresión y un paro cardiaco terminó con su vida”, relata Antonio, con voz cansada. “Nuevamente, fuimos victimizados y desplazados a manos del Estado”, añade.
Antonio sostiene las escrituras del lote “Caquetania”, ubicado en Neiva, con una extensión de 5 hectáreas (8.840 Mts2), ubicado en San Vicente del Caguán en Caquetá. Como él, sus compañeros llevan carpetas atestadas de papeles que evidencian que la tierra que hoy está en manos de otros les pertenece.
Al lado de Antonio está Luis Alberto Pérez, un hombre de sonrisa amable que refleja la felicidad que le da ver periodistas interesados en su problema. Empieza a relatar el dolor que le produjo dejar la Sierra Nevada, tratando de sobrevivir. Asegura que “las instituciones pueden, pero no quieren ayudarnos”. El cansancio hace de las suyas, aunque las ganas de ser escuchados, de ser vistos por el gobierno, por los responsables de su situación no los deja caer.
Frente a la JEP, buscan no solo escapar del miedo, sino del hambre y dolor por padecer el fenómeno de la desigualdad social que se vive en el país. El Banco Mundial, en su informe Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia, expone que el índice de desigualdad en Colombia (0,54) es el más alto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y además, se ubica como el segundo más alto en la región, solo superado por Brasil, empujando cerca de 3,6 millones de personas más a la pobreza.
Este grupo desmovilizado que ahora son los comparecientes en este proceso, no ha entregado ningún pedazo de tierra, todo ha sido un teatro entre la guerrilla y el señor Eduardo Cifuentes, Director de la JEP, quien dice que la JEP no tiene nada que ver, que nuestro caso es con la Unidad de Víctimas”, expresa Antonio con indignación. “Desde hace cinco años las víctimas son los campesinos que quedaron en el limbo, no hay responsabilidad por parte de las instituciones, por restituirlos y restablecer sus derechos. Las FARC han tenido todos los privilegios y beneficios en este proceso de paz”, concluye el campesino.
“La JEP, la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) son las instituciones gubernamentales encargadas de dar solución, pero se han hecho los sordos, ciegos y mudos, no les importa vernos acá en la calle”, dice Jaime. “Nosotros queremos un punto de concentración, no un albergue que ofrecen dos noches y tres días, y para la calle. Eso no es ninguna solución al campesinado que está en la calle” dice Robinson, otro de los campesinos.
Sobre el suelo de la JEP, el hogar de don Antonio y sus compañeros de lucha por estos días, reposa una bandera de Colombia descolorida por la lluvia y el sol. En la puerta reza un eslogan que dice: “Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra”, pero que desentona con la imagen de estos campesinos víctimas del conflicto armado que cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz no encuentran reparación.
Según Antonio, el presidente de la JEP le dijo: “No sabe el daño que nos está haciendo” - refiriéndose a la imagen desfavorable de las víctimas fuera del edificio- a lo que Antonio le preguntó “¿y nosotros?, ¿quién piensa en el daño que nos han causado que hagan trizas el acuerdo de paz?”
Por ahora las 16 familias seguirán haciendo presión frente a las puertas de la JEP, sustentándose de los aportes que los transeúntes les llevan. A la fecha de la publicación del fotorreportaje, no fue posible tener respuesta de la JEP.
Paola Cobos
Paula Murcia
Juan David Sarmiento
Mateo Medina Escobar
Leidy Tatiana Castillo Romero
Juliana Castellanos Díaz